Marcel: Demandas de camioneros son “desproporcionadas” y su costo podría bordear los $6.500 millones de dólares
El ministro de Hacienda sostuvo que “es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de este tipo de peticiones” y comparó el costo de reducir el precios de los combustibles con el financiamiento de algunas políticas públicas recientes.
Este miércoles 23 de noviembre, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazó la posibilidad de reducir el precio de todos los combustibles en un 30% y mantenerlos estables por seis meses, exigida por los camioneros de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte.
Aunque el lunes Marcel y representantes de cinco organizaciones de transportistas acordaron mantener la vigencia del Mepco, los manifestantes presentaron nuevas exigencias para deponer la paralización.
“Es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de este tipo de peticiones”, dijo el titular de Hacienda.
Al respecto, el secretario de Estado indicó que “el costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del Mepco, y mantenerlo por seis meses es del orden de los 2.500 millones de dólares, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy”.
“Pero si el tipo de cambio sube un 10%, el costo de esta solicitud sube a 4.500 millones de dólares, y si a eso se suma un aumento de 10% en los valores internacionales de los combustibles, la cifra alcanza los 6.500 millones de dólares”, advirtió.
El ministro Marcel comparó los valores de reducir el precios de los combustibles con el financiamiento de algunas políticas públicas. “El bono de invierno que se entregó en agosto pasado costó mil millones de dólares. Es decir, la estimación más conservadora del costo de la medida que está planteando esta organización es equivalente a dos y medio veces un beneficio que alcanzó a 7 millones de personas”, señaló.
“Otra comparación posible es con el presupuesto de la salud primaria que es de 3 mil millones de dólares. Es decir, esta demanda equivale prácticamente a todo este presupuesto”, ejemplificó.
El jefe de la billetera fiscal añadió que “el crecimiento del gasto público en el Presupuesto 2023 es del orden de los 6 mil millones de dólares. Para poder financiar esta demanda, la mitad del aumento del presupuesto para el próximo año, en lugar de destinarse a educación, a vivienda, a salud, a reducción de lista de esperas en los hospitales, al aumento de la PGU, tendría que dedicarse a subsidiar los combustibles”.
Y si se toman las proyecciones más altas, el costo de la demanda de los camioneros superaría, según señaló el secretario de Estado, a todo lo que se destina actualmente para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), que cuesta alrededor de 5.500 millones de dólares.
Marcel sostuvo que se trata de “demandas desproporcionadas ligadas a una amenaza de paralización que dificulta el derecho de las personas de transitar por las carreteras del país”.
Además, afirmó que “el Gobierno ha actuado con la máxima responsabilidad posible. Tuvo un proceso de diálogo con las organizaciones y sigue disponible para hacer cumplir lo que está en el pacto de acuerdo. Pero reabrir una negociación que se cerró positivamente, sobre la base de dificultar la vida de los chilenos, nos parece totalmente inadecuado e improcedente y además tiene los problemas de legalidad que ha planteado el Ministerio del Interior”.