CPC recurre al TC por ley que regula delitos económicos y Gobierno lamenta que se quiera “frenar su entrada en vigencia”
Desde el gran empresariado acusan que la iniciativa presenta graves “vicios de inconstitucionalidad” y tiene una “mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos”. El ministro de Justicia sostuvo que el escrito de la CPC busca “doblar la voluntad del Congreso” y cuestionó que “el sector privado parece que sólo se enteró de su tramitación en la parte final”.
Este lunes 10 de julio, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) presentó ante el Tribunal Constitucional un escrito que cuestiona el proyecto de ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, despachado por el Congreso el pasado 16 de mayo. En el ‘téngase presente’, el gremio empresarial alega que existen “vicios de inconstitucionalidad contenidos en preceptos del proyecto de ley”.
La CPC, representada por los abogados Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik, reclama que la iniciativa “atenta contra el propio Orden Público Económico al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general”.
Según el documento, el proyecto que otorga penas mayores a los directivos de empresas “presume de derecho una culpabilidad muy elevada de una persona solo por el hecho de tener posición jerárquica superior en la organización al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución”.
También, afirman que “la mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos”.
CPC recurre al TC por ley que regula delitos económicos y Gobierno lamenta que se quiera “frenar su entrada en vigencia”
La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, recordó que la tramitación y aprobación del proyecto fue transversal y sostuvo que “hemos elevado de manera ejemplar en Chile los estándares para la persecución de los delitos de cuello y corbata”.
“Este es un proyecto que pone fin a las clases de ética cuando se cometen estos delitos, cuando incluso se incurre en actos de corrupción de poder económico con el poder político. Que la sanción no sea simplemente una capacitación, una clase de ética, sino que hayan penas asociadas, o multas proporcionales al delito cometido”, remarcó.
En esa línea, aseguró que “es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país”.
El titular de Justicia, Luis Cordero, fue más allá, y planteó que “es el mismo mecanismo que se utilizó para objetar al Sernac. En ese momento, el Congreso aprobó por amplia mayoría tener un Sernac con dientes, y vino luego un ‘téngase presente’ y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue doblar la voluntad del Congreso”.
“La presentación que se hace ahora contra delitos económicos se parece. Se parece en la figura, de tener mejores herramientas para la fiscalización, se parece en el modo, el Congreso lo aprobó por amplia mayoría, y se parece por la redacción, ocupar un medio como un simple ‘téngase presente’ para que el Tribunal Constitucional doblegue la voluntad del Congreso. En ambas situaciones, fue antes inadmisible y ahora también lo es”, agregó Cordero.
El ministro señaló que “este proyecto de ley ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en las asesorías. Ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado parece que sólo se enteró de su tramitación en la parte final”.
“Me parece que todo el mundo tiene derecho de petición. Lo que me parece que es un indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo, para alterar la voluntad del Congreso”, concluyó.