Karin Moore y la nueva Ley de Protección de Datos Personales: un avance con desafíos pendientes

En Radio Pauta, la coordinadora legal de Clapes UC, ahondó en los desafíos que plantea la nueva Ley de Protección de Datos y sostuvo que, a pesar de los siete años de tramitación, la norma carece de criterios claros para aplicar multas, dejando su imposición a la discrecionalidad de la agencia y generando incertidumbre y falta de seguridad jurídica.

Tras siete años de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados ha despachado a ley el proyecto de Protección de Datos Personales, marcando un hito importante en la normativa chilena. En este contexto, Karin Moore, coordinadora legal de Clapes UC, explicó en Mercado Central, los principales cambios y desafíos que trae consigo esta nueva legislación.

La normativa chilena, según Moore, se inspiró en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, un modelo más consolidado que el marco normativo vigente en Chile desde 1999. “Esta ley busca equilibrar la protección de la privacidad con la libre circulación de la información,” comentó.

Asimismo, señaló que esta normativa busca equilibrar la protección de la privacidad de las personas con la libre circulación de la información. Para lograr esto, Moore explicó que se ha creado una Super Agencia de Protección de Datos Personales, que, según ella, tiene “la trilogía perfecta” en términos de facultades: normativas, fiscalizadoras y sancionadoras.

Estas últimas, “han generado bastante debate, especialmente por los montos de las multas, que algunos consideran desproporcionadas”, dijo.

“Comparado con lo que hemos tenido históricamente en nuestro país, sí, son multas que por supuesto que golpean el avispero,” mencionó Moore, destacando el impacto que estas podrían tener.

Karin Moore y la nueva Ley de Protección de Datos Personales: un avance con desafíos pendientes

Otro punto relevante, según la coordinadora legal de Clapes UC, es que esta normativa, a pesar de haber tardado siete años en discutirse, no ha arrojado todas las certezas que se esperaban. Las multas establecidas son comparables a las de la ley marco de ciberseguridad, diseñada para grandes episodios que pueden afectar a todo un país, o incluso a las multas medioambientales, que suelen ser menores pero también significativas.

La abogada mencionó que quienes participaron en el proyecto, incluyendo la Secretaría General de la Presidencia, afirman que estas multas tienen un efecto disuasivo. Esto, porque, según explicó, “debido a la dificultad de fiscalizar en materia de protección de datos, se busca que el temor a estas sanciones sea lo que impulse a las empresas a cumplir con la normativa”.

“Me parece que habría sido necesario poner algo más de empeño después de siete años de tramitación y con importantes criterios técnicos, en mayor certeza”, sentenció Moore.

Según sostuvo, el principal problema de la norma, es que no establece criterios claros para la aplicación de multas, dejando esa decisión a la discrecionalidad de la agencia, lo que genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica.  “Esta norma es que no establece una suerte de grilla o regulación ya en la misma norma, respecto de los criterios que debe seguir la agencia para imponer estas multas“, insistió.

Aunque Moore afirmó que las pequeñas empresas no serán afectadas como las grandes, no se especifican los criterios, lo que deja a las empresas sin claridad sobre cómo se aplicarán las sanciones y qué hacer si no están de acuerdo con ellas.

De todas formas, aunque la coordinadora legal de Clapes UC, fue enfática en advertir que esta presenta importantes desafíos y la incertidumbre sobre las multas podría impactar negativamente en la inversión y la economía. Señaló que, esta ley establece aspectos fundamentales como los derechos de los titulares de datos personales y los deberes de las empresas.

Entre los derechos destacados están el acceso a la información sobre cómo se manejan los datos, el derecho a rectificarlos si son inexactos, a suprimirlos si se desea, y a oponerse a su uso. Además, se hace una distinción importante respecto a los datos sensibles y la protección de datos de niños, niñas y adolescentes.

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