El terror de un Estado policial

Sin prensa libre y con campos de prisioneros políticos en operación, Corea del Norte se violan los derechos humanos. La declaración Kim-Trump no habló de ellos.

Los aparatos de radio. Ese inocente dispositivo puede ser un perverso canal de contaminación ideológica para los estrictos controles del régimen norcoreano. Sí, los ciudadanos pueden tener una radio, pero la perilla del sintonizador (el tuning) no existe. Ha sido arrancada antes. Nadie puede sintonizar más que la radio estatal del lugar donde viva. 

Los norcoreanos se habrán enterado de la cumbre entre Kim Jong-Un y Donald Trump concluida el 12 de junio en Singapur a través de las versiones radiofónicas o televisivas oficiales. No se sabe aún.

Tampoco hay otros periódicos oficiales más que el Rodong Sinmun. Sí se sabe que al menos ese periódico desplegó fotografías a color del paseo de Kim por las calles céntricas de Singapur.

Ni hablar de la televisión. La libertad de prensa es, por lo tanto, un principio desconocido en ese país.

Nadie puede sorprenderse, entonces, de que el Índice de Libertad de Prensa que elabora la organización internacional Reporteros sin Fronteras tenga a Corea del Norte en el puesto 180 de entre 180 países examinados. “El uso de los teléfonos móviles, incluidos los smartphones, se ha expandido; también el uso de sistemas técnicos que permiten al gobierno controlar casi por completo las comunicaciones y tener acceso a los documentos que circulan a través de la intranet nacional”, sostiene el informe. “Cualquier ciudadano puede ser enviado a un campo de concentración por el simple hecho de consultar un medio de comunicación extranjero. Sólo la Agencia Central de Prensa Norcoreana (KCNA) tiene la autorización de proporcionar información oficial a los otros medios de comunicación”.

Sin la posibilidad de contar con informaciones variadas, que los ciudadanos puedan contrastar, o cuyos periodistas puedan usar para escrutar el poder, como ocurre en las democracias, ¿qué queda para el resto de los derechos civiles y también políticos? El ranking de Freedom House le da un categórico puntaje mínimo a Corea del Norte (el peor del planeta), porque la respuesta es atroz: queda la oscuridad.

Las violaciones a los derechos humanos 

No hubo en la declaración conjunta entre Trump y Kim referencia alguna a la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. De hecho, como admitió Trump en una conferencia de prensa posterior, el foco de la discusión estuvo desde el inicio en la desnuclearización y se habló, aunque brevemente, sobre derechos humanos.

En su reporte 2018 sobre Corea del Norte, Human Rights Watch describe que el gobierno norcoreano restringe todo tipo de libertades civiles y políticas a sus habitantes. No cuenta, por cierto, con un Poder Judicial independiente y los “arrestos y castigos penales arbitarios, la tortura en prisión, los trabajos forzados y las ejecuciones mantienen el miedo y el control”.

Agrega: “Corea del Norte discrimina a los individuos y sus familias sobre la base de razones políticas en áreas relevantes como el empleo, el lugar de residencia y el colegio, para lo cual aplica el songbun, un sistema de clasificación socio-política que agrupa a las personas entre ‘leales’, ‘indecisas’ y ‘opositoras’. La penetrante corrupción da espacio para moverse en los entresijos del sistema songbun, de tal modo que quienes sobornen a funcionarios públicos pueden recibir un permiso, realizar actividades comerciales privadas o viajar dentro y fuera del país”, resume.

El reporte consigna los esfuerzos (habitualmente infructíferos) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por inspeccionar el país para confirmar si hay avances en convenciones sobre derechos humanos que el propio régimen ha ratificado.

La resolución 34/24 del Consejo de Derechos Humanos se basó en buena medida en las frustrantes limitaciones que puso el régimen para ser visitado por los enviados especiales de la ONU. Sin tales certificaciones, los comisionados recopilaron información tanto de las fuentes oficiales norcoreanas como de otras externas, incluidos los testimonios de desertores. Aunque el reporte escrito utiliza un lenguaje de memorándum, las palabras son suficientemente claras como para percibir la magnitud de la atrocidad.

El grupo de comisionados, dice el reporte, “escuchó de los individuos que fueron forzados a cometer crímenes para asegurar su propia sobrevivencia, y de las distintas motivaciones y circunstancias que pudieron llevarles a cometer tales crímenes. Varios interlocutores articularon vehementemente la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre el concepto de responsabilidad en dicho contexto, y en una diferenciación o graduación consecuente con la consideración de culpabilidades individuales”. 

Como parte de su investigación, los expertos comisionados por la ONU determinaron que el los crímenes de lesa humanidad en el país se cometieron siguiendo los mandatos de las máximas instancias del Estado. “La comisión se encontró con que el aparato de seguridad y justicia del país fue y permaneció implicado en las violaciones a los derechos humanos, incluyendo aquellos que califican como crímenes en contra de la humanidad”, continúa el informe.

La recomendación de los inspectores fue hacer que los responsables de estas atrocidades sean sometidos a juicio por sus crímenes de lesa humanidad.

No parece ser ésa, sin embargo, una opción posible. El Congreso de Estados Unidos sí ha puesto la presión para que el Presidente Donald Trump incluya esta materia en cualquier negociación con el Líder Supremo de Corea del Norte, Kim Jong-Un. El especialista Stephan Haggard, de la Universidad de California, San Diego (UCSD), dice a PAUTA.cl que los derechos humanos “podrían entrar en materia si el Congreso se involucra. El Congreso ha puesto previamente presión a Corea del Norte por el tema de los derechos humanos”.

En Singapur esa materia no estuvo en el menú. Tampoco pareció importarle a Trump decir en repetidas ocasiones que le resultaba un “honor” departir con Kim Jong-Un, quien no sólo ordenó la ejecución de su tío Jang Son-Taek, sino sobre quien pesan las sospechan por el asesinato de su hermanastro Kim Yong-Nam.

Campos de concentración

Kim Il-Sung, el fundador de Corea del Norte, impuso con mucha prontitud un sistema estalinista de control estatal férreo. Y su dedicación mayor se concentró en evitar las “desviaciones ideológicas” de sus ciudadanos, quienes con los años, además, debieron abrazar la fuerza doctrinaria del Juche.

Ya en los años 50 y 60 las personas sabían que podían estar siendo seguidas o vigiladas. Cualquier ciudadano podía transformarse tanto en sospechoso como en espía de los servicios gobernados por Kim. Lo importante era mantener una sola línea en función de lo establecido por el Líder Supremo. Aquel que no lo hiciera quedaba expuesto al envío a los centros de detención, tal como le ocurrió al chileno Eduardo Murillo cuando visitó Pyongyang en los años 60.

En su libro The Real North Korea, Andrei Lankov describe cómo el modelo estalinista de terror ideológico, combinado con un toque maoísta, explican el sistema de persecuciones en la era de Kim Il-Sung, cuando casi el 0,7% de la población llegó a ser prisioneros políticos. Las ejecuciones sumarias eran rutinarias. El régimen ni siquiera se molestaba en informar los nombres de los desaparecidos, que a veces no eran ajusticiados sino enviados a campos de “reeducación”.

Los campos de prisioneros políticos son conocidos como kwanliso. En la actualidad existen cuatro kwanliso repartidos por Corea del Norte, cuando antes había casi una docena. están separados de aquellas cárceles destinadas a los criminales condenados por delitos comunes. 

En muchos casos los acusados de cualquier acto contrario al régimen o a su ideología Juche tenían un peor castigo. No eran condenados ellos solos (asumiendo que ni siquiera había un juicio propiamente tal). Peor: eran condenados junto con sus grupos familiares más próximos.

“De hecho, el principio de la responsabilidad familiar puede contarse entre los factores que contribuyeron a la estabilidad del régimen”, dice Lankov en su libro. “Las personas que de otro modo pudieron estar preparadas para poner en riesgo sus propias vidas estaban comprensiblemente disuadidas de hacerlo ante la posibilidad de que sus familias completas pagaran el precio también, incluidos, tal vez, descendientes aún no nacidos”. Uno de los casos de prisioneros más conocidos fuera de Corea del Norte fue Kang Chol-Hwan, quien en 1977 fue enviado al Campo 15 junto con su familia. Chol-Hwan tenía solo siete años y pagaba una condena por “culpa” de su abuela.

Aunque los castigos con responsabilidad familiar se han mantenido, disminuyeron con Kim Jong-Il y hay reportes que dicen que el régimen de Kim Jong-Un no los utiliza como sus predecesores.

Como elemento central de este estado policial, hay una red de informantes incrustados en la sociedad muy al estilo soviético. Hay entre 250 mil y 300 mil informantes pagados por la policía política, conocida como Ministerio para la Protección de la Seguridad del Estado, cuenta Lankov.

Las sanciones de la ONU

En los años recientes, la mayoría de las condenas y sanciones internacionales en contra del régimen de los Kim se ha vinculado con sus ensayos balísticos y nucleares. Diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluidas las números 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) y 2321 (2016) deploraron las acciones militares unilaterales del régimen norcoreano y lo llamaron a conversar condiciones de cese de hostilidades.

En relación con las condiciones personales de los habitantes de ese país, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió el 20 de marzo de 2017 la resolución 34/24, la cual “condena en los términos más enérgicos las violaciones sistemáticas, generalizadas y manifiestas de los derechos humanos y otros atentados contra los derechos humanos cometidos en la República Popular Democrática de Corea desde hace tiempo y en la actualidad”. Se trató, así, de la respuesta más clara por esta materia en contra del gobierno en Pyongyang.

Puede revisar el reporte aquí:

Ni la Cámara de Diputados ni el Senado chilenos han aprobado proyectos de acuerdo en rechazo a las violaciones a los derechos humanos en ese país como sí lo han hecho, por ejemplo, con Cuba.