Las crisis humanitarias a las que apunta Michelle Bachelet desde la ONU
El rechazo a los refugiados, guerra civil, genocidio, violencia sexual, ataques a la libertad de asociación y de expresión son algunas de las crisis que se viven en países del primer y tercer mundo
En su discurso para la 39ª sesión del Concilio de Derechos Humanos de la ONU, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó algunos de los desafíos mundiales a los que busca hacer frente la organización mundial. Precisamente en diciembre de este año se conmemoran 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muchas de las crisis humanitarias que se viven en el mundo ocurren al interior de las fronteras de países occidentales.
En su discurso, Bachelet destacó que los objetivos de desarrollo sustentable que se ha planteado la ONU “no progresarán sin que se discuta y se avance en los asuntos de derechos humanos llamados ‘sensibles'”. Uno de estos temas sensibles es el Pacto Global para la Migración, que debería ser adoptado por los países miembros de las Naciones Unidas en diciembre. El objetivo de este pacto, de acuerdo con la expresidenta de Chile, es “reducir la vulnerabilidad de muchos de los 258 millones de migrantes del mundo, así como minimizar las violaciones a los derechos humanos que han provocado su huida”.
“Levantar muros, producir deliberadamente miedo u odio hacia las comunidades migrantes, […] separar y detener familias y recortar programas de integración: estas políticas no generan soluciones a largo plazo para nadie. Solo generan más hostilidad, miseria, sufrimiento y caos”, afirmó Bachelet.
Chile no está libre de estos cuestionamientos. De hecho, como se reveló en un reportaje de La Tercera, en un año ingresaron más de dos mil denuncias a Fiscalía por violencia cometida por funcionarios públicos a civiles. 802 de casos de presunto abuso carcelario y policial han sido presentados a las Naciones Unidas, incluyendo detenciones ilegales, apremios ilegítimos y allanamientos irregulares, en especial a comunidades indígenas.
A continuación, le presentamos los países mencionados por la alta comisionada para los derechos humanos y explicamos las crisis humanitarias que vive cada uno.
Las Américas
Colombia
En Colombia hay graves deficiencias en el componente de justicia del acuerdo que firmaron en 2016 el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para poner fin a 52 años de conflicto armado. Actualmente, existe el riesgo de que los criminales de guerra eludan una rendición de cuentas genuina.
Estados Unidos
El gobierno de Donald Trump ha adoptado sin dobles discursos una postura totalmente contraria a la migración regular e irregular. Como muchas de sus propuestas legales no han sido aprobadas o están paralizadas en el Congreso, la Casa Blanca ha emitido una serie de órdenes ejecutivas y modificaciones administrativas para hacer más difícil y costoso contratar a personal técnico y profesional de origen extranjero, limitar fuertemente el derecho a la reunificación familiar y reducir la admisión de refugiados y asilados (o simplemente expulsarles). Además, aún hay centenares de niños separados de sus padres (incluidos 22 menores de cinco años) y el gobierno no respetará la decisión de la justicia de limitar la detención de niños a un máximo de 20 días.
Guatemala
El Presidente Jimmy Morales decidió no extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) después de septiembre de 2019, lo que implica la abolición de un instrumento esencial en la lucha contra la impunidad y la corrupción en ese país.
Haití
En esta nación insular del caribe asumió Helen Meagher, representante especial del secretario general de Naciones Unidas en ese país, como jefa de la Misión para el Apoyo a la Justicia (Minjusth). Sin embargo, la nación sigue al debe en acceso a la salud y la educación, discriminaciones a la comunidad LGBTI, violencia contra las mujeres y falta de justicia a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el régimen de Jean-Claude Duvalier (1971 y 1986).
México
En una de las principales economías de América Latina, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura como parte de sus acciones contra el crimen organizado. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien no pertenece ni al PAN ni al PRI -los partidos que tradicionalmente han gobernado México- y asumirá en diciembre, ha asegurado que apostará por la pacificación y la reconciliación para enfrentar la crisis de derechos humanos en el país. Las cifras de asesinatos y violencia en México son similares a las de una nación en guerra civil.
Nicaragua
El hambre es uno de los principales azotes de Nicaragua: un 16,2% de su población está subalimentada y las numerosas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega han provocado 322 muertes y 2.000 heridos -la mayoría a manos de la policía y de fuerzas parapoliciales- según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A esto se suman cientos de detenidos acusados de terrorismo y procesados en un sistema de justicia poco fiable. Ortega, además, expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 31 de agosto pasado luego de conocer el informe de dicha misión, que incluye testimonios de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales, violaciones (incluso con rifles), quemaduras con armas de electroschock o cigarrillos, entre otros.
Venezuela
Aunque las críticas al régimen de Venezuela se originaron cuando Hugo Chávez aún estaba con vida, la crisis se ha agudizado a niveles insospechados en los últimos cuatro años, en gran parte debido a la caída del precio del petróleo -la principal exportación del país- y la incapacidad de la industria nacional para mejorar su producción. Ahora, Nicolás Maduro debe buscar ayuda en China, su principal aliado financiero, para enfrentar el aumento acelerado de la pobreza, el hambre, la falta de medicinas y una hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, alcanza un 13.860% anual. 2,3 millones de venezolanos (un 7% de su población) vive fuera del territorio y alrededor de 1,6 millones de ellos dejó el país a partir de 2015, de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas. La persecución política, la escasez de alimentos y la falta de cuidados médicos ha hecho que migren personas en situación de vulnerabilidad: ancianos, niños abandonados, mujeres embarazadas, personas con problemas graves de salud, entre otros. Además, la presión del Estado y la crisis ha provocado la desaparición de 55 periódicos desde 2013 -casi la mitad de ellos solo este año- lo que ha vulnerado gravemente la libertad de expresión y el derecho a la información.
África
Burundí
En esta nación hay continuos informes de graves violaciones a los derechos humanos y se han impuesto restricciones mayores a un espacio cívico amenazado desde 2015, cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció que se postularía para un tercer mandato.
Camerún
En las regiones anglófonas de Camerún se han intensificado los combates entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados. Hay numerosas víctimas civiles y más de 180.000 personas obligadas a refugiarse lejos de sus hogares.
Eritrea y Etiopía
En su debut como Alta Comisionada, Bachelet valoró la declaración conjunta de paz y amistad firmada en julio entre Eritrea y Etiopía. En el primero, la principal inquietud son las restricciones a los derechos humanos y el reclutamiento indefinido impuesto por Isaías Afewerki, que cumple 26 años de poder político absoluto. En Etiopía, en tanto, a causa de un estado de emergencia prolongado, se han reportado abusos de las fuerzas de seguridad y la promulgación de leyes que reprimen derechos y libertades básicas.
Libia
Esta nación norafricana vive una crisis humanitaria desde 2011, cuando se inició una guerra civil. La situación de anarquía ha permitido a bandas criminales y traficantes de personas hacerse con el control del flujo de migrantes. El país vive además detenciones y ejecuciones ilegales, tortura, violencia sexual, trabajos forzados, extorsión y explotación -tanto del Estado como de bandas organizadas- con total impunidad.
Mali
En esta nación, los derechos humanos y la seguridad pública se han deteriorado debido a los ataques de grupos extremistas violentos y las operaciones antiterroristas realizadas por fuerzas nacionales e internacionales.
Somalia
En Somalia, en julio de este año, se documentó la muerte de 51 civiles y 82 heridos, mientras que las bajas civiles atribuidas al grupo islámico Al-Shabaab habían aumentado un 309% desde junio, y las atribuibles a los agentes estatales habían aumentado en un 125%. Entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2018, al menos ocho periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados y 32 resultaron heridos, además de otras 94 personas que fueron arbitrariamente detenidas y/o sometidas a detención prolongada por cargos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
Sudán y Sudán del Sur
En Sudán, los enfrentamientos en Jebel Marra entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados también han provocado nuevos desplazamientos de personas en los últimos meses. En Sudán del Sur, el acuerdo firmado por las partes en conflicto en agosto ha vuelto a suscitar esperanzas de una solución pacífica y sostenible a la guerra civil que enfrenta su quinto año.
República Centroafricana
En República Centroafricana, los enfrentamientos esporádicos entre grupos armados fuera de las principales ciudades continúan exponiendo a los civiles a crímenes atroces.
República Democrática del Congo
En la República Democrática del Congo, las violaciones generalizadas de los derechos civiles y políticos ponen en peligro la credibilidad del proceso electoral, luego de que en diciembre de 2016 el presidente Joseph Kabila decidió mantenerse en el poder más allá de su mandato constitucional obligatorio de dos períodos.
Unión Europea
Aunque el número de migrantes y refugiados que cruza el Mar Mediterráneo hacia Europa ha disminuido, la tasa de personas que fallece en esta travesía ha aumentado. La ruta más letal es la que une Libia con Italia: un muerto por cada 18 migrante en los primeros siete meses de 2018, contra un muerto por cada 42 migrantes en el mismo periodo de 2017. A esto se suman movimientos de extrema derecha en varios países de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Austria, que buscan impulsar agendas políticas contra la migración o incluso avalan ataques racistas y xenófobos contra comunidades migrantes.
Hungría
Esta nación europea ha implementado nuevas leyes que criminaliza la entrada de refugiados y a cualquier persona u organización que les brinde asistencia legal o humanitaria. Más aun, el gobierno húngaro se retiró del acuerdo global sobre migración de las Naciones Unidas por “razones de seguridad”, convirtiéndose con Estados Unidos en los únicos dos miembros de la ONU que no se compromete al acuerdo. Además, Human Rights Watch denuncia que, desde inicios de agosto, las autoridades húngaras han dejado de distribuir alimentos a refugiados a quienes se les negó el ingreso al país y que se encuentran en zonas de tránsito en la frontera entre Serbia y Hungría. Incluso se ha prohibido que personas particulares distribuyan comida entre los refugiados. Las políticas contra la migración y el asilo político en Hungría responde a una tendencia creciente en Europa a rechazar las convenciones basadas en el respeto a los derechos humanos.
Italia
El gobierno italiano se rehúsa a aceptar el desembarco de navíos que rescatan refugiados y migrantes del Mediterráneo. La tensión que provoca con su política antimigración el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, incluso le hizo perder la paciencia al ministro de Asuntos Exteriores y de Inmigración y Asilo de Luxemburgo, Jean Asselborn.
Medio Oriente
Arabia Saudita
Bachelet denuncia el reciente arresto e incomunicación dos mujeres activistas por los derechos humanos y los derechos de las mujeres, Samar Badawi y Nassima Al-Sadah. En este país también se persigue a opositores políticos y se producen arrestos arbitrarios con regularidad.
Baréin
Este estado insular ubicado en el Golfo Pérsico encarcela a opositores pacíficos y activistas de derechos humanos, además de imputar cargos contra sus familiares. El uso excesivo de fuerza y la tortura son habituales. Además, la justicia ha sentenciado a cientos de ciudadanos a perder su nacionalidad y deportado a decenas, incluyendo periodistas y abogados por ofensas tan pequeñas como criticar el gobierno. En 2017, las autoridades cerraron el único periódico independiente del país.
Irak
Esta nación, aún se está recuperado de sucesivos conflictos armados: el más reciente fueron las operaciones militares contra Estado Islámico (EI). Aunque EI fue derrotado en gran parte de Irak, las fuerzas iraquíes torturaron, hicieron desaparecer o ejecutaron a cientos de personas sospechosas de pertenecer a EI. También se han realizado acciones de castigo colectivo contra familias que supuestamente tenían miembros de ISIS, forzándolas a huir mientras se destruyen sus propiedades, todo esto con la complicidad del gobierno. No obstante, Bachelet reconoce que el gobierno está realizando esfuerzos reales por impulsar la economía y reconstruir las bases sociales de un país donde 3,2 millones de personas tuvieron que desplazarse para sobrevivir a la guerra.
Irán
De acuerdo con la alta comisionada para los derechos humanos, Irán ha reforzado su compromiso con los derechos humanos y mantiene un diálogo constante con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No obstante, aún se utiliza la pena de muerte contra jóvenes, no se aseguran juicios justos ni la igualdad de género y se ha encarcelado a activistas de derechos humanos y opositores al gobierno.
Egipto
Según Human Rights Watch, el gobierno de Abd al-Fattah al-Sisi se encuentra en la peor crisis de derechos humanos en décadas. Para atacar el disenso político, la policía detiene en forma arbitraria, hace desaparecer personas y utiliza la tortura en forma habitual. La pena de muerte se utiliza en forma regular y hay una fuerte represión contra las comunidades LGBTI.
Palestina
Según Bachelet, el territorio palestino se encuentra debilitado por una ocupación continua. Una crisis humanitaria en la franja de Gaza, luego de 11 años de bloqueo israelí, ha alimentado además un incremento de las hostilidades. Human Rights Watch denuncia también la restricción de desplazamiento a los palestinos en la franja de Gaza, así como las severas medidas contra la disidencia y las voces críticas por parte de la Autoridad Palestina.
Siria
La guerra civil en Siria ha cobrado más de 400 mil víctimas desde 2011, tanto por parte del gobierno como de los grupos insurgentes, entre ellos Estado Islámico. Los ataques a civiles y el freno a la ayuda humanitaria ha provocado la huida de más de cinco millones de personas, uno de los mayores éxodos en la historia reciente.
Yemen
Una misión de la ONU determinó en un informe publicado en agosto que todas las partes involucradas en la guerra civil de Yemen han cometido posibles crímenes de guerra. El conflicto entre las fuerzas rebeldes Huthi, las fuerzas de gobierno y la coalición liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ha incluido bombardeos y fuego de artillería a zonas residenciales e instalaciones médicas. Se han usado todo tipo de armas prohibidas, como municiones de fragmentación y minas antipersonales. Incluso Estados Unidos ha realizado ataques aéreos contra supuestos blancos de Al Qaeda en la península arábica, provocando numerosas muertes de civiles.
Asia y Oceanía
Afganistán
En Afganistán, la guerra entre los talibanes y las fuerzas del gobierno continúa generando gran cantidad de muertes civiles, especialmente de niños. Durante la primera mitad de este año, las muertes han sido las más altas desde que la ONU inició su monitoreo en 2009. El número de personas desplazadas en el interior del país alcanzó 1,7 millones en 2017 y ha habido pocos avances en los derechos de las mujeres, persecución de torturas o respeto a la libertad de prensa.
Australia
Pese a tener una larga tradición de respeto a los derechos civiles y políticos, Australia ha ignorado numerosos llamados de atención de las Naciones Unidas para terminar con su política de detenciones arbitrarias lejos de la costa. Las personas que llegan en barco solicitando asilo son muchas veces deportadas a centros de detención en la isla Manus y en la isla Estado de Nauru, en condiciones deplorables. Además, los pueblos indígenas australianos viven una criminalización y discriminación constante por parte de la justicia.
Bangladesh
El vecino de Myanmar ha acogido a centenares de miles de refugiados rohingya y ha conseguido reducir su pobreza. Pero las autoridades de Bangladesh han sido incapaces de controlar a las fuerzas del orden, que han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos como detenciones secretas, desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales, especialmente contra periodistas y opositores al régimen. Además, el país ha retrocedido en su protección a la libertad de expresión y en la defensa de los derechos de las mujeres: en febrero de 2017 se aprobó una ley que permite el matrimonio de niñas menores de 18 años bajo “circunstancias especiales”.
China
Además de tener un estricto control sobre los medios de comunicación, las autoridades de la República Popular China no ponen problemas a que la policía torture a los detenidos, les niegue acceso al abogado que elijan y los tengan incomunicados por meses. En el país se hacen detenciones arbitrarias a comunidades musulmanas, se persigue políticamente y se encarcela a abogados y activistas por los derechos humanos. Por ello, Bachelet apuesta por dialogar con el gobierno chino para que le permita a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU observar todas las regiones del país.
Federación Rusa
Con miras a las elecciones de marzo pasado, las autoridades de Rusia incrementaron la represión contra la oposición y la persecución contra las voces independientes en línea. En Chechenia se llevó a cabo una purga a gran escala contra la diversidad sexual y el gobierno siguió apoyando a los “separatistas” en el este de Ucrania, que cometieron abusos en las zonas bajo su control. La ley rusa prohíbe la propaganda en favor de las comunidades LGBTI, incluyendo la bandera multicolor. De hecho, se ha arrestado a personas que exhiben dicha bandera en público.
India
Aunque se destaca positivamente que la Corte Suprema busque descriminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, India tiene grandes deudas pendientes en materia de derechos humanos, en particular por la situación de Cachemira. La población de esta zona fronteriza en disputa con Pakistán ha sufrido constantes abusos por parte de las fuerzas de seguridad de India durante siete décadas. Dichas fuerzas de seguridad gozan de poderes especiales y total inmunidad en esa región.
Myanmar
También conocida como Birmania, esta nación pasó de una transición democrática truncada a una campaña genocida contra la población musulmana rohingya en agosto de 2017. Más de 650 mil rohingya han huido al vecino Bangladesh para evitar la violencia sexual, los asesinatos en masa y otros abusos perpretrados por fuerzas militares. Además, el gobierno ha utilizado leyes cada vez más represivas contra periodistas, activistas y opositores a la violencia del gobierno y las Fuerzas Armadas.
Tayikistán
En Tayikistán, durante 2017, las autoridades profundizaron su ofensiva contra la libertad de expresión y asociación, la actividad pacífica de oposición política, la profesión legal independiente y el ejercicio independiente de la fe religiosa. Más de 150 activistas políticos permanecen injustamente encarcelados y los familiares de los disidentes son objeto de violentas represalias que incluyen detención arbitraria, amenazas de violación y confiscación de pasaportes y propiedades.
Turkmenistán
De acuerdo con el Informe Mundial 2018 de Human Rights Watch, Turkmenistán es uno de los países más cerrados y oprimidos del mundo. El gobierno del presidente Gurbanguly Berdymukhamedov prohíbe todas las formas de expresión religiosa y política no aprobadas por las autoridades, controla estrictamente los medios de comunicación y no permite grupos de monitoreo independientes. Además, se registran numerosos casos de desapariciones forzadas.
Turquía
Si bien se levantó el estado de emergencia impuesto desde el intento de golpe militar de 2016, la situación de Turquía sigue inquietando a la comunidad internacional. La reciente promulgación de la ley antiterrorista, que contiene varias restricciones a las libertades personales, y la concentración creciente de poderes en el Ejecutivo son considerados un revés para los derechos humanos y el estado de derecho. Asimismo, siguen las denuncias de deportaciones de ciudadanos turcos de otros países, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos.
República Popular Democrática de Corea
El acercamiento entre las dos Coreas es visto por Bachelet como una excelente oportunidad para enfrentar las permanentes violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte. Se trata de uno de los Estados más autoritarios y represivos del mundo, donde no hay libertad de expresión y se criminaliza incluso el contacto con el mundo exterior. La disidencia es penada con detenciones, ejecución o trabajos forzados bajo condiciones muchas veces fatales.
Sri Lanka
Esta nación insular se está recuperando de una guerra civil que duró tres décadas y terminó en 2009. Hasta ahora ha habido pocos progresos en la persecución de los responsables de violaciones a los derechos humanos en ese periodo, que incluyó el secuestro y desaparición de personas. La tortura y otros abusos aún son prácticas comunes en la fuerza policial y se planea volver a aplicar la pena de muerte. Además, hay numerosos reportes de agresiones racistas, ataques a comunidades musulmanes y otras minorías religiosas.
Ucrania
Los Acuerdos de Minsk de 2015 han sido frecuentemente ignorados en Ucrania a raíz del conflicto armado con Rusia. Hay impunidad total para las torturas y las detenciones arbitrarias, nuevas restricciones para el pluralismo de los medios y las libertades de expresión y asociación. En Crimea, las autoridades rusas persiguieron a los activistas proucranianos y a la comunidad tártara por su oposición pacífica a la ocupación de la península por parte de Rusia.