La soterrada resistencia de los fiscales generales contra Donald Trump

Los fiscales estatales son la figura que podría hacerle el peso a la administración Trump. En estas elecciones se disputaron 32 puestos, donde los demócratas tuvieron una ganancia de cuatro escaños. Esto podría cambiar el escenario poniendo trabas a las iniciativas del gobierno.

En octubre de 2017, cuando Donald Trump intentó prohibir la entrada de personas de siete países del Medio Oriente, una demanda presentada por seis fiscales estatales consiguió detener temporalmente la aplicación de la prohibición mientras se estudiaba la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump. Argumentaban que la medida era arbitraria y discriminatoria. En la práctica, gracias a esta acción, miles de personas pudieron seguir ingresando a Estados Unidos. Finalmente la orden, conocida popularmente en inglés como la Muslim Travel Ban, se vetó.

Este es solo uno de los ejemplos de la fuerza que pueden tener los fiscales generales estatales (state’s attorneys general), figuras que han pasado por lo bajo desapercibidas en los midterms pero que podrían ser unos de los actores más importantes dentro de la resistencia al gobierno de Donald Trump.

En 43 estados, los fiscales generales son elegidos por votación popular, y en el resto son designados por distintas instituciones. En estas midterm hubo elecciones de esta figura en 32 estados. Los republicanos tenían la mayoría de los fiscales generales, pero luego de las elecciones la balanza ahora se inclina hacia los demócratas: ahora son 27 demócratas, 23 republicanos y un independiente.

El rol del fiscal general estatal

En el pasado, el fiscal estatal solía ser una posición más bien doméstica. Trataba las quejas y denuncias de consumidores, procesaba casos criminales y daba asesoría legal a agencias estatales. Comenzaron a ampliar su alcance durante la administración de Ronald Reagan, que introdujo políticas de protección al consumidor, liberando a los fiscales de esta responsabilidad. 

No fue hasta la administración de Barack Obama que emergieron como la fuerza parapolítica que estamos viendo hoy, con constantes demandas a las medidas del Ejecutivo. Fueron los republicanos quienes comenzaron con estas maniobras y que inventaron la dinámica, pero ahora son los fiscales demócratas quienes están emulando la estrategia.

A partir de enero, serán más los que buscarán encontrarse con la administración Trump en la corte. 

Las implicancias de la mayoría

A diferencia de Chile, que tiene un sistema presidencialista centralizado, Estados Unidos es un sistema presidencialista pero federado. Es decir, los estados gozan de facultades especiales que les permiten un mayor grado de autonomía e, incluso, de poderes como sus fiscales generales que les permiten enfrentar incluso al Presidente de Estados Unidos.

Como explica el abogado y politólogo norteamericano Jean Vidal a PAUTA, “el federalismo es crucial para entender el poder que tienen estos fiscales estatales. Todo el poder que no está expresamente delegado al Congreso o al Ejecutivo cae en los estados. Así que cuando el fiscal ve un regulación o ley de Trump que sobrepasa lo que puede hacer y cae en su jurisdicción, decide pelearlo”. Cuando se presentan litigios con más demandantes, el caso es más fuerte y se puede sostener con más argumentos o durante más tiempo.

Dana Nessel, la candidata demócrata para fiscal general en Michigan, había dicho que piensa demandar a Trump “todo el día, todos los días”. Más allá de una promesa de campaña populista que puede sonar atractiva, esto puede tener un efecto real en la legislación. “Hay ansias de usar el cargo de fiscal general de Michigan para luchar”, clarificó más adelante. 

“Si hay alguien que le puede dar un gran dolor de cabeza al gobierno, son los fiscales estatales a través de los tribunales”, dice Jean Vidal. El principal poder que tienen es la capacidad de levantar casos contra Donald Trump y presentar demandas para obstaculizar su administración.

Nos vemos en la corte

El fiscal general del estado de California, el demócrata Xavier Becerra, es uno de los que ha liderado esta batalla. Ha presentado en menos de dos años más de 40 demandas, individuales y colectivas, en contra de las propuestas de Donald Trump en áreas como inmigración, educación, internet, derechos de personas transgénero o salud. Su argumento para hacerlo es que las acciones de Trump exceden la autoridad del Ejecutivo, que no siguen el canal adecuado para el cambio que buscan imponer o que entran en conflicto directo con las leyes federales de California. Y en la medida que también ataca las leyes de otros estados, estos también se suman.

Hasta ahora, Becerra ha ganado 12 de estas demandas y ha perdido tres. En el resto de los casos, el gobierno central ha retirado la política puesta en escrutinio antes de que una corte zanje el tema. La mayoría de los casos aún están a la espera de un fallo final.

Jean Vidal explica la estrategia de los fiscales estatales para hacerle frente a Donald Trump: “Una de las herramientas más útiles es la medida cautelar, porque pueden pedir al juez que paralice una ley hasta que se resuelva algún tema en particular. Puede que ellos pierdan al final, pero lograron paralizarla tres, cuatro, cinco o seis meses. Logran ir parando leyes en lo que se dilucida”.

Becerra ganó una medida cautelar para bloquear un mandato que permitía a los empleadores negar la cobertura de anticonceptivos sin costo para las mujeres, argumentando que este derecho estaba garantizado por el Obamacare.

Demandó a la Agencia de Protección Ambiental por retrasar leyes que apuntaban a reducir la contaminación ambiental y ganó este caso que apuntaba además a que la Agencia incurrió en una negligencia al no indicar qué partes del país aún no han alcanzado sus metas de reducción de esmog. También impugnó su acción para derogar la neutralidad de la red, caso que aún está pendiente pero cuya revisión en tribunales ha impedido que se aplique.

Las victorias demócratas

En las recientes elecciones de medio mandato, Becerra prometió a sus votantes continuar su batalla contra las políticas de Trump. Con más del 58% de los votos a su favor, venció con comodidad a su retador, el republicano Steven Bailey. Su colega de Michigan, Dana Nessel, consiguió el puesto de fiscal general estatal tras llegar al 48% de los votos, por sobre el 46% de su principal rival.

Hasta antes de las midterms, había 18 republicanos y 14 demócratas en un conjunto de estados tendrían elecciones. Tras los comicios, la composición se revirtió: los republicanos resultantes serán 14 y los demócratas 18.

Entre los nuevos defensores demócratas están los fiscales generales de Wisconsin, Josh Kaul; Colorado, Phil Weiser, y Nevada, Aaron Ford. Todos asumirán en sus cargos en enero de 2019.

La carrera política

Los fiscales generales estatales comandan precisamente las políticas jurídicas y las acciones más concretas entre los fiscales que tienen a cargo. Esos fiscales pueden comenzar en puestos menores, pero pronto pueden iniciar un ascenso en sus carreras.

Por la alta exposición que tienen en sus campañas, los fiscales —a secas— suelen también enrutarse hacia otras posiciones políticas. De acuerdo con la investigación del historiador Jed Shugerman, de Fordham University,  en 38 estados entre 2007 y 2017 el 38% de los fiscales generales estatales, el 19% de los gobernadores y el 10% de los senadores norteamericanos han tenido un pasado en fiscalías. De hecho, fue común ver a varios candidatos a gobernador o senador en estas midterms que eran hasta ahora los fiscales generales de un estado.

Hay uno de ellos que incluso llegó a la Presidencia de Estados Unidos. Su nombre: Bill Clinton. Fue el fiscal general estatal de Arkansas, tras lo cual saltó al puesto de gobernador de ese estado y luego a la Casa Blanca.

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