El plazo de Bachelet para hablar sobre Venezuela: el 20 de marzo
La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberá presentar un informe ante el consejo respectivo en Ginebra. Aún su staff técnico no viaja a Venezuela, averiguó PAUTA. Además, condenó la violencia en Nicaragua.
A la expresidenta Michelle Bachelet le queda menos de un mes para acopiar todos los antecedentes necesarios sobre Venezuela y presentarlos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 20 de marzo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos deberá entregar su primer informe ante el consejo sobre “las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria” en ese país.
De acuerdo con un informe del cronograma de actividades revisado por PAUTA, la alta comisionada deberá abordar la situación venezolana el miércoles 20 de marzo a partir de las 15 horas, en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
Pese a que el Consejo de Derechos Humanos instó a Caracas a recibir a una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada, y que el gobierno venezolano cursó la invitación a la expresidenta, hasta ahora, sin embargo, ni Bachelet ni ningún integrante de su staff técnico ha preparado un plan de visita a Venezuela. Antes del viaje de la funcionaria internacional debe haber una visita técnica de su personal, con acceso “a todas las áreas”.
Sin embargo, según lo averiguado por PAUTA, el único vínculo entre esa oficina y el gobierno de Nicolás Maduro es la misión oficial del régimen chavista en la sede de la ONU en Ginebra, pero no se han acordado ni fechas ni un programa en terreno entre las partes.
A falta de una visita en terreno en Venezuela, el reporte oral de Bachelet se basará en un “monitoreo externo”. No hay detalles acerca de cuáles son las fuentes de información de esos monitoreos.
La ayuda humanitaria
En su Resolución 39/1, de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidos había solicitado a Bachelet que “prepare un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que será sometido al Consejo de Derechos Humanos en su 41° período de sesiones y al que seguirá un diálogo interactivo de mayor calado, y que presente oralmente al Consejo, en sus períodos de sesiones 40º y 42º, información actualizada sobre la situación de los derechos humanos”.
El 40° período comienza el 25 de febrero y termina el 22 de marzo. El turno para que Bachelet entregue su reporte oral será el 20 de marzo, en la tarde, que será seguido de un “debate general”. La expresidenta deberá hablar también de otros reportes referidos a Colombia, Guatemala, Honduras, Irán, Chipre y Yemen. Un reporte escrito y más acabado deberá proporcionarlo en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se realizará entre el 24 de junio y el 12 de julio.
En su solicitud a la alta comisionada, el Consejo de Derechos Humanos documentó que hay “cientos de miles de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, incluidos hombres, mujeres y niños, [que] se ven obligados a abandonar el país, entre otras cosas, en razón de una crisis política, económica, social y humanitaria que afecta gravemente a sus derechos humanos”.
Ante ello, exhortó al régimen de Nicolás Maduro “a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur”.
Este fin de semana la atención continental está precisamente enfocada en el canal de ayuda humanitaria encabezada por el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
La presencia del Presidente Sebastián Piñera en la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta atizó una polémica interna en Chile.
El cuestionamiento a Nicaragua
Donde Michelle Bachelet sí acaba de marcar una estaca crítica es en Nicaragua. En ese país se ha desatado una crisis prolongada entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición política, empresarial e incluso de su Iglesia Católica.
A través de un comunicado de prensa de su oficina, Bachelet alertó que el diálogo propuesto por el gobierno será socavado si continúan las detenciones de disidentes. “Estoy profundamente preocupada por la aparente falta de debido proceso y el aumento de la criminalización de la disidencia en Nicaragua”, expresó la alta comisionada. “El arresto y encarcelamiento de líderes de la oposición, posiblemente en algunos casos como represalia por cooperar con la ONU, dificulta claramente la creación del entorno propicio para mantener un diálogo genuino e inclusivo, que el gobierno dice querer”.
En un enfrentamiento directo con el presidente Ortega, Bachelet instó a ese régimen a liberar a las personas apresadas. Según el recuento de la oficina encabezada por la exmandataria chilena, entre los encarcelados están “destacados líderes condenados o sentenciados en las últimas semanas en circunstancias muy controvertidas” e “incluyen al líder estudiantil Jonathan López, sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel; los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, sentenciados a 216 y a 210 años de prisión respectivamente; y ex oficiales del Ejército Carlos Brenes y Tomás Maldonado para los que la Fiscalía solicita 32 y 34 años, respectivamente”.