No solo a Venezuela: los otros gobiernos a los que Bachelet criticó
El régimen de Maduro cuestionó los informes de la alta comisionada para los DD. HH. de la ONU. En Colombia, Guatemala, China e Italia tampoco ha caído bien su pronunciamiento.
El pasado 20 de marzo la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió en detalle a la situación que atraviesa Venezuela. Aseguró que está “sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
La exmandataria expuso ante el 40° sesión del Consejo de Derechos Humanos, entregando pormenores de los efectos que ha tenido la insuficiente gestión de las autoridades venezolanas, las que, por cierto, no compartieron los alcances del informe. El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, rechazó la exposición de Bachelet y sostuvo que está “políticamente motivada“.
Al profundizar en aquello, el embajador reiteró la invitación a la alta comisionada para que visite Venezuela, con lo que, según él, “podrá constatar la verdadera situación del país, distorsionada por la falsa campaña mediática internacional que ha incidido en su informe”.
“Somos un país libre y democrático donde los derechos humanos se disfrutan plenamente de conformidad con la Constitución y las leyes. Han sido miles las manifestaciones pacíficas que se han realizado en Venezuela desde 1999 en pleno disfrute de los derechos a manifestarse pacíficamente y sin armas”, contestó Valero.
El informe de la expresidenta sobre Venezuela no es el único que ha generado debate. Su pronunciamiento respecto del estado de los derechos humanos en otras naciones también ha dado que hablar. Por ejemplo, sobre Guatemala, Bachelet manifestó su inquietud por las “crecientes amenazas” a la independencia del poder judicial y la protección de sus miembros, entre quienes se encuentran jueces que presiden importantes juicios por corrupción.
La afirmación fue desestimada por el presidente del Congreso guatemalteco, Álvaro Arzú Escobar, quien en entrevista con La Tercera indicó: “Está totalmente equivocada, con todo respeto. La amenaza más grande que tiene Guatemala en este momento es el Poder Judicial que ha politizado la justicia y ha cometido una serie de abusos de ley”.
También en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada se refirió a lo que sucede en Colombia. Instó a las autoridades a aplicar de manera integral la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en atención a que se cumplieron dos años desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Ejecutivo y las FARC, y a que el presidente Iván Duque anunció que impugnará seis artículos de la ley que regula la JEP.
De la misma manera, la expresidenta se mostró en alerta por el asesinato de defensores de DD.HH. en ese país. Su oficina, como precisó, ha podido documentar 110 asesinatos durante el año pasado, y tiene informes de 27 asesinatos en lo que va de este 2019.
La respuesta a esta interpelación la entregó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Según citan diversos medios de prensa colombianos, la autoridad pidió a la alta comisionada “que entienda que aquí en Colombia existe una institucionalidad y que está trabajando justamente para lograr un punto que nos permita un consenso que no se logró al expedir el acto legislativo de la JEP”.
De la misma forma, la representante del país en la ONU, Adriana Mendoza, le recordó que corresponde a la Misión de Verificación de Naciones Unidas hacer el seguimiento respecto del cumplimiento del mencionado pacto.
Molestia en Austria, Italia y China
Las primeras críticas a los pronunciamientos de la alta comisionada llegaron poco después de que asumiera formalmente el cargo, en septiembre de 2018. En su primera presentación ante el Consejo de DD.HH., el 10 de septiembre y en medio de la sesión 39° del organismo, se refirió a la crisis migratoria que enfrenta Europa, siendo especialmente crítica con Austria e Italia.
Refiriéndose a la política que Italia ha adoptado, dijo: “Tienen consecuencias devastadoras para mucha gente que ya es vulnerable”.
El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini no tardó en responderle. Aseguró que “no aceptamos lecciones de nadie y menos aún de la ONU, que se muestra incapaz, inútilmente costosa y desinformada […] Italia ha acogido los últimos años a 700.000 inmigrantes, muchos de ellos clandestinos, y no ha recibido nunca la colaboración de otros países europeos”.
En el mismo sentido, y como en aquel entonces anunció misiones de su oficina en ambos países, el canciller austriaco, Sebastian Kurz, expresó su descontento. “Esperamos que después de esta investigación la ONU encuentre el tiempo [Michelle Bachelet] y los medios para ocuparse de países donde diariamente se aplican la tortura y la pena de muerte y donde no hay respeto a la libertad de expresión, prensa, reunión y religión”. A modo de crítica, recordó que alta comisionada es una “expolítica socialista y miembro de la Internacional Socialista”.
En medio de la misma intervención, Bachelet pidió a las autoridades chinas que permitan a su oficina tener acceso a todas las regiones, para analizar la situación en el país, pues habían recibido “preocupantes alegaciones de detenciones arbitrarias a gran escala de uigures y otras comunidades musulmanas en los llamados campos de reeducación de Xinjiang”, una región del noroeste del país.
Antes esto, Geng Shuang, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, fue tajante y en medio de una conferencia de prensa respondió: “China llama a la comisionada y a la oficina de Derechos Humanos de la ONU a permitir escrupulosamente la misión y principios de la carta de la ONU, a respetar la soberanía china, a realizar en forma justa y objetiva sus deberes y a no oír información de un solo lado”.