El gobierno español se queja ante Michelle Bachelet por un informe de la ONU
Madrid cuestiona un eventual acuerdo y supuestas fallas en la elaboración de un reporte que calificó de arbitraria la prisión tres independentistas catalanes.
El gobierno español instó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, a revisar las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (WGAD), cuyo informe final denunció precisamente la prisión “arbitraria” y la liberación “inmediata” de separatistas de Cataluña hoy sometidos a juicio, según el contenido que fue filtrado a la prensa hispana.
El martes pasado se conoció el contenido del informe de ese grupo —dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas— sobre la situación de tres políticos separatistas catalanes en un documento en el que se considera que la prisión provisional de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart vulnera los derechos humanos y, por lo tanto, se recomienda su libertad en medio del juicio a los catalanes, también conocido como Juicio del Procés.
El informe se reveló luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara la demanda del expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional de anular la declaración de independencia de Cataluña.
Inmediatamante después que se filtrara este documento, Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña —sistema institucional mediante el que se organiza políticamente la comunidad catalana—, envió una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que insiste en poner en libertad y reparar los daños cometidos contra los políticos presos. Sin embargo, mientras el gobierno catalán presionaba por una rápida respuesta, asegurando que si no se atendían las peticiones se denunciaría la situación “en todos lados”, el gobierno español inició las tratativas para desestimar la opinión del grupo de trabajo de la ONU.
El cuestionamiento de Madrid
Entre los argumentos que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, planteó contra el reporte de la ONU, está el que se debe inhabilitar a dos de los cinco miembros del grupo de trabajo por un supuesto conflicto de interés con el abogado de los tres políticos catalanes, Ben Emmerson. “Las posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades”, dijo Borrell. El gobierno maneja antecedentes de que Emerson fue relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en la lucha antiterrorista entre 2011 y 2017, periodo en el cual habría coincidido en al menos dos causas con el mexicano José Guevara y el surcoreano Seong-Phil Hong, ambos firmantes del documento elaborado por la ONU.
Emmerson contestó inmediatamente a través de Twitter. En una serie de mensajes, acusó al gobierno español de filtrar el documento (que consiste en una “opinión” que se adopta oficialmente en el seno del organismo multitaleral), lo que fue “un intento deshonesto de desprestigiar al WGAD por parte del gobierno de Pedro Sánchez”. Agregó que no hay conflicto de interés suyo con los otros miembros del equipo, sostuvo que Sánchez miente y hasta comparó el Juicio del Procés como propios de un Estado paria de estilo estalinista.
It will all become clear when these bogus complaints are investigated by the UN. This level of deliberate dishonesty from the officials of a UN Member State is rare. Spain is acting like a rogue State. By making these desperate allegations, Sanchez has shot himself in the foot.
— Ben Emmerson 🎗️ (@BenEmmerson1) 1 de junio de 2019
Sanchez would do better to show some political judgment and maturity. He needs to accept the verdict of the WGAD, and stop this Stalinist show trial now. And Pedro, remember the reason Barcelona is so great at football: “Play the ball, not the man”.
— Ben Emmerson 🎗️ (@BenEmmerson1) 1 de junio de 2019
Otro antecedente por el cual el gobierno español pide explicaciones a Bachelet es por no respetar las “obligaciones procesales” del informe, por lo que se solicita la revisión del documento y una auditoría interna del proceso investigativo.
La consejera y vocera de la Generalitat, Meritxell Budó, defendió al grupo de trabajo de la ONU y llamó al gobierno español a que no olvide qué es y cómo se elige el grupo de trabajo que reclamaba la libertad de Junqueras, Sànchez y Cuixart: “La Asamblea elige al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de este salen los grupos de trabajo que se nutren de expertos, que son personas de reconocida solvencia”, dijo.
El rol de las ONG
Uno de los flancos abiertos que deberá enfrentar la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU es la crítica que esbozó Borrell al recalcar la importancia que se dote al organismo internacional de “mecanismos de financiación transparente y claros, que incluyan un sistema de rendición de cuentas y control”, el que pueda generar las certezas de que no existe manipulación de los procesos investigativos ni en los informes y opinión que elabora tanto la ONU como las ONG que colaboran con ella. Esto, debido a que existen ONG que emiten opiniones en la página del organismo que han sido interpretadas por los diarios independentistas como parte de la postura oficial del ente internacional.
Este no es el primer alegato que se hace ante la ONU. El gobierno español, al conocer la denuncia de los tres políticos separatistas ante el organismo, presentó un documento de 55 páginas donde daba a conocer su posición. Y ya desde hace algunas semanas, una de las quejas repetidas al interior del Ejecutivo, es que esas alegaciones fueron ignoradas en el informe final del grupo de trabajo.
Hasta ahora la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no ha acusado recibo de la misiva enviada por el gobierno español.