La multidimensión del racismo en Estados Unidos
La violencia policial no es lo único por lo que luchan las minorías. PAUTA conversó con expertos para evaluar las disparidades en salud, políticas urbanas y derecho penal.
La estrella del Paseo de la Fama del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alterada. La renuncia del editor de la sección de opiniones de The New York Times, James Bennet. Y la ira de la multitud cuando Trump intentó salir de la Casa Blanca para tomarse una foto.
Es el nuevo clima de protestas que estalló en el país estadounidense producto del asesinato de George Floyd, tras el uso excesivo de la técnica de inmovilización por parte de un policía blanco. Debido a que la acción fue grabada, pronto traspasó barreras nacionales y el caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia racial a nivel internacional.
Los roces con la policía se ampliaron a otros países, donde el daño de estatuas de figuras históricas ha sido un símbolo de castigo hacia aquellos que avalaron la esclavitud.
“[…] Gran parte del público, en particular (pero no exclusivamente) los estadounidenses blancos, solo reconoce los actos más atroces y terroristas como ‘racistas'”, explicó a PAUTA el académico de derecho penal Jonathan Blanks.
En el artículo de opinión “Las políticas racistas se deben ir” (2017), publicado en el Instituto Cato Blanks, señaló que los problemas provienen de la falta de detección de policías pertenecientes al movimiento supremacista blanco. A esto se suman las políticas creadas por la ley y el gobierno que dañan a las comunidades marginalizadas de forma no intencionada.
La falta de confianza
Pese a que las autoridades han propuesto limitar los fondos a los departamentos policiales, esto no es lo que desea la mayoría. Como apunta el reporte de la académica Emily Ekins, del Instituto Cato, solo un 16% de los estadounidenses apoya esta propuesta.
Lo que exige la gente son reformas, entre ellas la investigación de la conducta inapropiada de la policía, por parte de agencias de justicia criminal; el uso de cámaras corporales; un sistema de aviso para identificar a policías problemáticos y la detención del decomiso de bienes civiles en el caso de que se sospeche que una persona cometió un crimen.
Es que en medio de protestas pacíficas la aparición de la Guardia Nacional generó roces importantes. Incendios en iglesias y el uso de proyectiles avivaron la lucha. Entre las manifestaciones se produjeron burlas hacia la policía en Los Ángeles, saqueos en Nueva York, pero también demostraciones pacíficas. En Seattle los manifestantes se arrodillaron —gesto creado por el exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick en honor a la lucha contra la violencia racial—, frente a las cercas policiales.
Como dilucidó la académica de conflicto racial de la Universidad de California en Los Ángeles Brenda Stevenson a PAUTA, “la policía, las uniones de policías, el lobby de armas y los constituyentes de ‘ley y orden’ forman una gran parte de base política del presidente Trump. No los quiere alienar, oponiéndose a sus puntos de vista”. Por tal razón, el presidente pareció evadir los incidentes, mientras planea el inicio de su campaña política para ser reelecto.
¿Quién vigila a la policía?
Si bien se permite grabar al cuerpo policial en el espacio público, la ciudadanía se pregunta qué puede pasar con la autoridad en recintos privados. Por lo mismo, el consejo de la ciudad de Tucson está revisando una ordenanza que se hizo viral en redes sociales, la cual establece que es ilegal utilizar cámaras en espacios de acceso restringido para los civiles y en escenas de crímenes.
Esto sucede en el marco de una injusticia racial en Estados Unidos que va más allá de la violencia callejera. Como señala Stevenson, el sistema judicial incorpora medidas racistas frente a la población afroamericana a través de “excesos de vigilancia y de encarcelamiento, sentencias más largas, el tratamiento de los jóvenes como adultos y la negación de la libertad condicional”.
El reporte “Aprendiendo a construir confianza entre las comunidades y la policía” (2019) demostró la tendencia a controlar a las minorías. De acuerdo con la investigación, llevada a cabo por el Instituto Urban, con participación del investigador principal del Centro de Políticas de Justicia Jesse Jannettta, en muchos casos a la policía no le preocupa dañar a comunidades de color o a comunidades con alto nivel de pobreza.
El estigma de los barrios
Uno de los problemas que enfrenta la comunidad afroamericana es la disparidad de acceso a bienes ligada a las localidades. Un 22,6% de los residentes de Minneapolis vive bajo la línea de pobreza y los estudiantes afroamericanos se gradúan en un rango 29,3% menor a los estudiantes blancos.
El estudio “Cómo los barrios afectan las movilidades social y económica de sus residentes” (2017), del Instituto Urban y realizado por la experta en políticas urbanas y problemas de barrios marginales estadounidenses Margery Austin Turner junto con la investigadora Ruth Gourevicth, encontró cuatro puntos para enfrentar las disparidades de las minorías: el acceso a servicios y su calidad, el crimen y la violencia, grupos de pares y vínculos sociales y por último el acceso a oportunidades de trabajo.
En ese sentido, la exposición temprana a experiencias de trauma y de abuso llevan a problemas físicos y mentales que contribuyen al deterioro de la vida comunitaria. Además, se expone a las comunidades de color a un mayor número de paradas en la calle y a concentraciones policiales en ciertos puntos del vecindario.
Menos prisioneros afroamericanos
Uno de los puntos que altera la reinserción laboral de la población afroamericana y que también cuestiona el debido proceso son los altos índices de encarcelamiento. Es uno de los puntos que evalúa el documental de Netflix 13th (2020), en el que activistas y académicos exploran la desigualad racial en el sistema de prisión estadounidense.
La catedra “Castigo, raza y lazos sociales” (2018) del docente Ekow Yankay, de la Facultad de Derecho de la Universidad Yeshiva, apuntó que entre la población carcelaria estadounidense un 38% correspondía a americanos negros, pese a que ellos representaban el 13% de la población total. Dicha cifra contrastó con el caso de los hispanos americanos, que tuvieron el mismo porcentaje poblacional, pero con una cifra penitenciaria de 20%.
Los afromamericanos siguen siendo más propensos a ser arrestados que los hispanos y los blancos. Sin embargo, el editor John Gramlich, del Centro de Investigación Pew, encontró que la tasa de encarcelamiento de dicha minoría disminuyó en un 34% desde 2006.
La gota que rebalsó el vaso
Muchos se preguntan cómo el asesinato de Floyd alcanzó repercusión internacional. Para Stevenson este caso de brutalidad fue la gota que rebalsó el vaso. Anteriormente se presentaron situaciones similares con Ahmad Aubrey, Breonna Taylor y la creciente molestia del impacto racial en el marco del Covid-19 y de la caída económica.
Pese a que la población afroamericana representa un 13% de Estados Unidos, en ella se concentra el 24% de las muertes por Covid-19 en dicho país, el más afectado por la pandemia.
El escenario de la desigualdad se crea en parte por la desinformación, como refleja el artículo “Cuatro formas para reducir la división racial de Covid-19” (2020), escrito por la asesora de políticas de salud Kaitlin Hunter, del think tank estadounidense Third Way. Porque alrededor de un 60% de la población negra americana que vive en el sur recibió mensajes que diferían de las pautas federales.
No obstante, Hunter considera que dicho problema no es específico de una raza. “Líderes de ambos partidos políticos y expertos en salud pública rompieron con varias políticas del llamado a permanecer en casa o recomendaciones científicas para unirse a las protestas […] lo que complica aun más el mensaje”, señaló a PAUTA.
Además, la comunidad afroamericana se ve afectada por el vacío respecto de las cifras de mortalidad y de enfermedad grave producto de la pandemia. “Tras una serie de llamados por la falta de información, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades comenzaron a informar sobre datos raciales y étnicos”, cuenta la académica. Pero ellos son incompletos: del millón y medio de casos evaluados se desconoce la raza de más de la mitad.