¿Cuál es el orden que debería seguir el debate de los temas de fondo en la Convención?

Expertos creen que al menos tienen que estar presentes los valores fundamentales, la estructura institucional y los derechos básicos.

Por ahora, la Convención Constitucional se ha enfocado en determinar sus reglas de funcionamiento. Pero con el supuesto de que aquello quedará eventualmente resuelto, el elemento medular del trabajo de los convencionales es redactar la propuesta de una nueva Constitución.

Al respecto, existen numerosas experiencias que permiten vislumbrar cuál debería el orden de factores por debatir. Las “cuestiones fundamentales” y las bases de la institucionalidad es la propuesta que realizan los expertos consultados respecto a cuál debe ser el orden del debate de los temas de fondo en la Convención Constitucional. En la experiencia internacional, varios países de Europa Central y Oriental siguieron esta disposición en sus procesos constituyentes con “resultados exitosos”, de acuerdo con los especialistas consultados.

¿Qué estamos verificando?

Luego de que la Convención Constitucional apruebe su reglamento, el organismo pasará a debatir respecto de los temas de fondo que serán parte de la propuesta de una posible nueva Carta Magna. Esta será votada en un plebiscito a finales de 2022, según está fijado en el capítulo XV de la actual Constitución.

Se anticipa que tópicos como el funcionamiento del Estado, la mayor presencia de derechos sociales dentro del texto constitucional, el rol de las Fuerzas Armadas o el cambio del modelo socioeconómico sean parte de lo que se converse durante los próximos meses.

Considerando la importancia de este proceso, el Constitucheck, de Watchdog PAUTA, investigó  y consultó tanto a expertos nacionales como internacionales cuál es la mejor forma de guiar el debate, si hay temas que se deben discutir primero y qué se podría considerar como una buena propuesta de Constitución.

¿De qué manera se puede ordenar el debate y qué temas debe incluir?

Según Rainer Arnold, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Regensburg, Alemania, y colaborador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, el inicio del debate debiese centrarse en “cuestiones fundamentales”. Primero, discutir sobre el sistema de valores: la “dignidad humana, el principio de libertad, incluida la libertad política, es decir, la democracia, la igualdad, y el principio del Estado de Derecho, con la tarea de trasladar estos valores al ámbito de las instituciones”.

En segundo lugar, tratar los asuntos relacionados con la estructura institucional, referidos al sistema de gobierno presidencial o parlamentario, sistema representativo con o sin elementos de democracia directa; y la estructura territorial, que se relacionan con un sistema federal o regional, autonomías locales, etcétera.

Por último, Arnold asegura que en los Estados multiétnicos “debe considerarse la cuestión de la participación adecuada de esos grupos en el proceso político general, la distribución de competencias y el alcance de las autonomías”.

Juan Carlos Flores, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo e investigador Polis, señala que “por un adecuado orden de las materias es recomendable que la discusión siga el orden plasmado en la [actual] Constitución”.

Respecto de los temas que se deben incluir en una eventual nueva Carta Magna, Flores destaca las bases de la institucionalidad, la nacionalidad y ciudadanía, derechos fundamentales y la división de poderes y la relación entre ellos. Además de incorporar un sistema de control de constitucionalidad y un capítulo de reformas constitucionales.

“Debiese reconocer que las personas nacen libres en igualdad y derechos, que la familia es el núcleo esencial de la sociedad, reconocer a los grupos intermedios, definir el tipo de Estado y su sujeción al Estado de Derecho, entre otras materias”, aseveró Flores.

¿Qué hace a una Constitución exitosa?

En un ensayo escrito por Allan Hutchinson y Joel Colón, publicado en el Anuario de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, los autores rescatan el trabajo de Zachary Elkins, Tom Ginsburg y James Melton, el cual analiza la vida promedio de una Carta Magna. En general estas tienen una vigencia de 19 años, y su periodo de mayor riesgo es alrededor de los 17 años. Entre los principales factores que las tienden a desestabilizar están “las crisis económicas, los cambios de régimen y las reorganizaciones territoriales”.

En el texto citado se mencionan “tres criterios claves para medir el impacto del diseño en la longevidad constitucional”. En primer lugar, se encuentra la “inclusión”: la participación pública en el proceso constitucional y su continuo debate “tiende a afectar de manera positiva la importancia del texto”.

Luego, se menciona la relevancia de la “flexibilidad”, que definen como “la existencia de mecanismos que permitan modificarla a la luz de cambios políticos y sociales”. Finalmente, se encuentra la “especificidad”, que se refiere al nivel de detalle y el alcance de su aplicación.

Estas características promueven “el apoyo popular”, cuando “el ordenamiento constitucional es un marco para la política y no un recipiente de políticas públicas” según afirman los autores.

Por otra parte, de acuerdo con el Comparative Constitutions Project, la Constitución de India es la más extensa del mundo con más de 146 mil palabras, mientras que Islandia, por ejemplo, solo posee 4.089. En América Latina, las cartas más extensas en número de palabras son las de Brasil (64.488), México (57.087) y Ecuador (54.555). Entre las más breves están Argentina (12.514) y Cuba (12.893). La actual Constitución de Chile suma 25.821 palabras.

Para Flores, “es recomendable una Constitución breve y balanceada que aborde las materias esenciales, entregando al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo su complementación”.

Experiencia Internacional

De acuerdo con Arnold, las constituciones de los países de Europa Central y Oriental son un buen ejemplo del “tratamiento prioritario a los valores fundamentales”, tal como él recomienda. Estas se basaron en instrumentos que ya habían sido probados en eficacia, como los propuestos por la Convención Europea de Derechos Humanos y se introdujo la jurisdicción constitucional institucional, adaptándose a las normas occidentales.

Otro proceso constituyente que destaca es el que se dió en Finlandia en el año 2000, ya que allí se recogió la evolución constitucional que se ha dado en el país, para así permitir una mayor modernización de los contenidos de la Carta Magna.

En su contraparte, Nepal (2015) es uno de los procesos en los que han existido más retos, donde se llegó a un acuerdo, pero con un “complejísimo sistema federal que aún tiene que demostrar su valía”. Otro ejemplo de una experiencia más compleja es Túnez (2014), que a pesar de contar con estructuras modernas, “ha sufrido el hecho de no haber sido implementada durante mucho tiempo”.

En las próximas semanas se espera que la Convención Constitucional empiece la discusión de los temas que compondrán la propuesta de una nueva Carta Magna para el país. Los expertos consultados señalan que la mejor manera de llevar a cabo este debate es empezando por aquellos tópicos que se relacionen a “los valores fundamentales” y fijen la base de la institucionalidad.

WatchDog PAUTA es un proyecto de fact-checking conjunto entre la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y PAUTA. Busca tomar temas en la agenda y rastrear su veracidad desde una perspectiva positiva, no inquisitoria.

La sección Constitucheck es verificador de contenidos surgidos a partir del debate constitucional.