Cuatro claves para comprender el conflicto social y político en Ecuador

Según expertos, la crisis se debe al mal manejo político del gobierno de Guillermo Lasso, al alza en los precios de los combustibles y otros productos, y a la consolidación de un poderoso frente indígena en el país.

Durante esta jornada se cumplen 14 días desde que el 13 de junio se iniciara una serie de protestas sociales en las principales ciudades de Ecuador. El gobierno del presidente Guillermo Lasso enfrenta una de las peores crisis desde el comienzo de su mandato en 2021, que lo mantiene al borde de la destitución.

Las manifestaciones -que originalmente se concentraron en la región nortina de Pichincha, donde se encuentra su capital, Quito- han sido convocadas por movimientos indígenas, campesinos y de trabajadores, y han dejado un saldo de al menos cinco fallecidos y un centenar de heridos y detenidos.

Para hacer frente a la situación de seguridad, el presidente Lasso decretó un estado de excepción en las provincias afectadas y se comprometió a avanzar en políticas sociales.

PAUTA investigó los factores que explican la crisis social y política que atraviesa Ecuador y las proyecciones de este conflicto hacia el futuro.

El manejo político de Guillermo Lasso  

“Lasso es un presidente que viene del sector empresarial. Su principal defecto es que, a pesar de haberse formado ya en tres campañas electorales, no ha sabido sintonizar muy bien con lo político […], y cree que gobernar es como manejar una empresa“, asegura desde Ecuador el abogado Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Levi explica que el equipo de trabajo de Guillermo Lasso “no tiene sensibilidad política. Está rodeado de gente que tiene muy poca capacidad de creación de políticas públicas. No ven al Estado como una estructura que debe dar respuestas. Tengo la impresión de que ellos están mucho más en los temas empresariales, como el libre comercio, y tienen una visión muy definida en temas más macro, como la estabilización de la economía. Descuidan mucho la sinergia que debe existir con las estructuras sociales. Hay una desconexión que es total“.

A juicio del abogado ecuatoriano, este distanciamiento se refleja también en la Asamblea Nacional, órgano unicameral en que reside la función legislativa. “Es el más claro ejemplo de la desconexión. Nadie sabe quién está en la Asamblea. Antes sabíamos quiénes la integraban, conocíamos su estructura… ahora todo el mundo está ahí, pero no todos tienen la capacidad de gestión y entendimiento de lo que implica estar en un poder público. Eso deslegitima su acción, no solo porque no representan los intereses de los ciudadanos, sino porque además son gente que cae en la corrupción”.

A eso se suma el hecho de que, según el analista internacional y académico Guillermo Holzmann, Lasso “para llegar al poder tuvo que hacer varias alianzas, incluso una alianza con lo que es la centro izquierda -algo como la Democracia Cristiana chilena-. Estas alianzas duraron poco, porque posteriormente lo que [Lasso] hizo fue deshacerse de ellas“.

El analista comenta que “eso le quitó un espacio político importante para lograr un acuerdo que le permitiese asegurar la gobernabilidad, y sembró desconfianza dentro del poder”.

Para Holzmann, otro aspecto relevante es que el presidente no cuenta con mayorías suficientes en la Asamblea Nacional de Ecuador, lo que hace peligrar su mandato. El movimiento CREO, que integra, tiene sólo 13 de los 137 escaños totales. Por su parte, el Partido Social Cristiano, que lo apoyó, tiene 15 representantes. En tanto, la coalición más grande de la oposición, UNES, cuenta con 47 asambleístas.  

El poder de Iza y la Conaie

Mientras el gobierno de Guillermo Lasso se tambalea, el poder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se ha visto fortalecido. La organización, fundada en 1986, es la agrupación indígena más grande del país, y está dirigida desde 2021 por Leonidas Iza (40), de nacionalidad kichwa-panzaleo.

“Iza surge como un líder en el ‘estallido social’ ecuatoriano de octubre de 2019. Lo interesante de su figura es que no es cualquier dirigente indígena: tiene estudios de Ingeniería [n de la r. Ingeniería Ambiental], es decir, no es una persona que venga solamente con un conocimiento ancestral por decirlo en términos más coloquiales. Además, tiene una buena retórica, un buen discurso. Podríamos decir que Iza es el dirigente indígena del siglo XXI“, comenta Guillermo Holzmann. 

El académico agrega que “la Conaie es un actor político y social de primera magnitud, que ha llegado a sacar presidentes“: Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000. Por eso, asegura, “tú no puedes gobernar Ecuador sin el apoyo de la Conaie”. 

Desde la promulgación de la Constitución de 2008, en el mandato de Rafael Correa, Ecuador es considerado un Estado plurinacional. En su territorio habitan cerca de 20 comunidades o naciones indígenas diversas, entre las que se encuentran los kichwa, los shuar -el pueblo más numeroso- y los chachi. La Carta Fundamental reconoce, además del castellano, como “idiomas oficiales de relación intercultural” al kichwa y el shuar. También, distingue a otras 11 “lenguas ancestrales” como las de uso oficial en las regiones donde viven esos pueblos originarios.

Michel Levi es crítico del rol de Iza y advierte que “muchos de los que protestan son presionados para participar, porque pueden recibir represalias en su comuna. Los líderes sociales, que son tan reconocidos, no son unos ángeles y unos santos, y utilizan mecanismos de retaliación para quienes no quieren participar“.  

El analista ecuatoriano recuerda que días antes de llamar a la movilización nacional, Iza organizó un paro focalizado en algunos sectores rurales del país, pero “parecía que no estaba cuajando, porque las acciones de los manifestantes no fueron al comienzo muy determinantes. No hubo los clásicos bloqueos permanentes, sino sólo acciones dentro de las comunidades. Probablemente, no todos estaban tan convencidos de hacer el paro”.

Las protestas de 2019, plantea el coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales, “le significaron a la gente del campo muchas pérdidas en su producción. Estuvieron inmovilizados entre 15 y 20 días. Seguramente por eso ahora no quisieron subirse inicialmente al paro, querían ver un poco de muestras de éxito”. Días después, señala, el movimiento empezó a cuajar, con la llegada de líderes rurales e indígenas.

Para él, de todas formas, “es impresionante el peso que le dan los medios internacionales a la Conaie y el poco peso que le dan al maltrato sistemático que recibe el 80% de la población por menos del 10% que deciden hacer un paro. Consecuencias a nivel financiero, económico, social… es impresionante. Eso nadie lo documenta, porque para la prensa, todo lo que es movimiento social o de izquierda tiene un peso muy importante, no así con los otros movimientos ciudadanos u ONGs, que no tienen ninguna visibilidad”.

Las 10 demandas de la Conaie

El 13 de junio, al inicio del paro nacional, Leonidas Iza ingresó un documento en la Presidencia de Ecuador que presenta las 10 demandas que sustentan las movilizaciones. “Una vez más, dejamos en la mesa del Gobierno los planteamientos a espera de respuesta directa, efectiva y concreta. Pues ya acudimos por un año a un diálogo sin respuestas el 11 de junio, 5 de agosto, 4 de octubre y 10 de noviembre 2021, en este contexto convocamos a una movilización nacional legítima”, argumenta la agrupación en su sitio web.

¿Qué piden los manifestantes? Estas son las “10 ‘demandas de la movilización nacional, popular y plurinacional‘:

1. Congelar los precios del Diésel a $1,50 dólares y la gasolina Extra y Ecopaís a $2,10, y focalización de subsidios a sectores vulnerables.
2. Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa. Condonación de las deudas de los pequeños y medianos productores del campo.
3. Precios justos en los productos del campo en las tres regiones del país, subsidio agrícola y no firma de TLC que destruyen la producción nacional.
4. Empleo, derechos laborales, libertad de sindicalización y organización de la clase trabajadora.
5. No a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.
6. Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe; justicia indígena; consulta previa, libre e informada; organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7. Alto a la privatización del patrimonio nacional y no al sometimiento de los tribunales internacionales como el CIADI.
8. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
9. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Fortalecimiento de la salud y educación, incluyendo la asignación de presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal.
10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador”. 

Descarga el documento completo con el petitorio de la Conaie al presidente Guillermo Lasso.

La respuesta del gobierno ecuatoriano

Ante el caos generado por las manifestaciones, el viernes 18 de junio Lasso decretó un estado de excepción “por grave conmoción interna” en las regiones donde se registraron los incidentes más violentos.

Ese decreto fue impugnado en la Asamblea Nacional el 20 de junio por sectores de la oposición, liderados por UNES, ya que, según ellos, es una causal para destituir al presidente en ejercicio. En respuesta, el mandatario derogó la norma impugnada y, con un nuevo decreto, ordenó ampliar el estado de excepción a más provincias del país. “Cuando la Asamblea comenzó a discutir la legalidad del decreto, ya no había decreto“, dice Levi.

Para Guillermo Holzmann, la reacción del gobierno fue errada: “Respondieron con algo es muy natural en gobiernos de una visión liberal bastante decimonónica, pero liberal al final del día. Cada vez que hay protestas, la forma de poder enfrentarlo es con la lógica de ley y orden, es decir, usar la capacidad represiva del Estado para poder controlar la protesta, pensando que con eso es suficiente. Y también se comete el error de pensar que toda protesta es de izquierda, lo cual es, sin lugar a dudas, cierto, pero no del todo”.

“Cuando el diagnóstico es equivocado -añade Holzmann-, se genera una espiral de violencia que va en aumento. Esto es lo que ha pasado en Ecuador en las últimas dos semanas”.

Michel Levi discrepa: “En un Estado de Derecho el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado. En ese sentido, el estado de excepción nos permitió tener un respiro de paz esta semana, ordenando a las fuerzas de orden reprimir el paro y hacer su trabajo“. 

En relación a las demandas sociales, el 17 de junio Guillermo Lasso decidió aumentar los subsidios mensuales a las familias más vulnerables. Entre las medidas tomadas se encuentra el alza de $5 dólares en el bono de desarrollo humano, la condonación de créditos del Banco Estatal de Desarrollo, y subsidios y créditos para pequeños y medianos agricultores.  

Más recientemente, el domingo 26, el gobernante anunció que congelará los precios de los combustibles. Las gasolinas Extra y Eco País pasarán de $2,55 a $2,45 dólares por galón y el diésel pasará de $1,90 a $1,80. Esta disminución en los valores es menor a la exigida por los grupos indígenas.

¡Tomamos decisiones a favor de quienes más lo necesitan! La reducción del precio de los combustibles es un gran esfuerzo para brindar las mejores condiciones de vida a los ecuatorianos. pic.twitter.com/VFIH7f0uqW

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 27, 2022