¿Queda el sector privado en entredicho en la propuesta de Constitución en el área de salud?

Las leyes que regulen lo expresado en la Carta Magna serán fundamentales para resolverlo. Pero según expertos, hay indicios de que los privados tendrían facultades y atribuciones más bien acotadas.

Los principales cambios que incorpora la propuesta de nueva Constitución sobre el derecho a la salud se relacionan con la forma en que este se cubre, proponiéndose la creación de un Sistema Universal de Salud.

Constitucheck, de WatchDog PAUTA, consultó con los expertos para conocer las principales implicancias para el sector privado y si las clínicas e isapres permanecerán o no en este nuevo sistema. Todos concluyeron que dependerá de la ley si siguen o no siendo parte, pero, por otro lado, de aprobarse el proyecto constitucional sin ajustes, prevén la desaparición de las aseguradoras privadas tal y como han existido durante los últimos 40 años. 

¿Qué dice la propuesta constitucional?

En su Capítulo II, sobre “Derechos Fundamentales y Garantías”, el nuevo cuerpo normativo constitucional contempla un artículo y 11 incisos referidos a la salud y su protección, reformas a la distribución de las cotizaciones y los sectores que podrán integrar el sistema, entre otros cambios. Asimismo, aborda la integración de políticas y programas sobre la protección de la salud mental.

Sin embargo, los principales objetos de debate son los numerales 7 y 9, respectivamente.

El primero de ellos señala que “el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados”, en los cuales incluye requisitos y procedimientos que serán determinados por la ley en torno a la participación de clínicas.

El numeral 9 determina que este sistema será “financiado a través de las rentas generales de la nación” y que “la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”.

¿Qué pasará con los prestadores privados y las isapres?

Para dimensionar el impacto que podría tener el cambio, en la última cuenta pública realizada por la Superintendencia de Salud en 2021, se entregaron las cifras de beneficiarios del sistema. De los 19.678.000 usuarios, 15.233.000 son afiliados de Fonasa. El resto están afiliados a aseguradoras privadas.

Francisco Medina, abogado de la Universidad de Concepción y colaborador del Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes (Polis), sostiene que “el texto no dice en qué términos ni de qué manera podrán participar los prestadores privados de salud. Por tanto, desde esta última perspectiva, la posibilidad de participación queda en entredicho, ya que no se ofrecen mayores garantías”.

Actualmente los trabajadores dependientes están obligados por ley a cotizar el 7% de sus ingresos para salud. Esta cotización les permite optar, dependiendo del monto que represente, al seguro público de Fonasa o a los seguros de las isapres. Hay planes que cuestan un poco menos del 7% y hay otros mejores en los que el afiliado debe pagar un porcentaje adicional de su sueldo.

“El sistema propuesto elimina la posibilidad que esas más de 3 millones de personas puedan seguir destinando su 7% a dicho sistema, y gran parte de ellos deberá migrar al sistema público, en el cual hoy no existe ninguna claridad de que podrán elegir dónde atenderse”, dicen desde la asociación gremial Clínicas de Chile, que reúne a los principales recintos prestadores privados de salud del país.

Además, recalcan que el modelo propuesto en el borrador no garantiza la participación de prestadores privados, ya que su integración depende de las condiciones y requisitos que establezca la ley. Esto puede crear escenarios en los cuales estos prestadores no cumplan con dichas exigencias, las que hoy desconocen.

Junto con ello, aseguran que la infraestructura pública no da abasto para recibir y atender en condiciones de calidad y oportunidad a toda la población. “Los prestadores privados atendemos a casi 10 millones de personas anualmente; por lo mismo, deben existir condiciones de aseguramiento y cobertura para poder seguir haciéndolo, ya que nuestro aporte como privados es relevante y muy significativo para la red de atención nacional”, afirmaron.

A partir del artículo 44 de la nueva propuesta constitucional, Medina explica que es posible pensar que las atribuciones y facultades de los privados en esta área serán más bien residuales o marginales, “lo que cambia drásticamente la lógica del sistema actual”.

El doctor en Salud Pública y profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Marcos Vergara, tiene una mirada diferente a la que plantean los prestadores privados. A su juicio, el “sacarle los patines a la clase media acomodada y terminar con las isapres era un sacrificio al que estábamos disponibles en el altar de la justicia y la equidad. Eso es lo que se lee de la propuesta constitucional porque se habla de que las cotizaciones, que son las que le dan el oxígeno y la vida al sistema de isapres, ya no tendrían como destino ese tipo de solución, sino que irían todas a formar parte del fondo mancomunado o de los recursos que dispone Fonasa para entregar la solución pública”.

Agrega que, al subir el precio de la prima, las isapres se han transformado “en la expresión más flagrante de la inequidad en Chile, un sistema de salud distinto para la gente acomodada que para la gente menos acomodada, y eso ya no da para más”, asevera.

Según Vergara, esta nueva propuesta en el área de salud podría ser de “buena fortuna”, porque deja algo organizado que puede “rayarse más adelante” cuando venga la discusión en el Congreso. Sin embargo, también menciona que tomará mucho tiempo, lo que generará incertidumbres porque no se sabe cuáles serán las ideas de fondo, en especial qué pasará con las coberturas universales como el GES o la ley Ricarte Soto.

¿Cuáles serán sus principales desafíos?

Una de las grandes complejidades del nuevo “Sistema de Salud Único e Integrado” será descubrir cómo conseguir acortar las listas de espera para las consultas de especialidades, o bien, para recurrir a una operación y a la vez, entregar una atención óptima y de calidad.

“El gran malestar ciudadano es la lista de espera. Una es el acceso a la interconsulta de especialidad, la cual no es trivial, porque la gente lo que está esperando en la práctica es información acerca de su enfermedad, ya que no sabe lo que tiene. El otro tema son las cirugías no GES. Puede ser trascendente esperar demasiado tiempo para operar, como, por ejemplo, en el caso de tumores cerebrales”, enfatizó Vergara.

El Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), publicó un estudio que arroja cifras respecto de la espera por una intervención quirúrgica en Chile en 2022. En el primer trimestre de este año, una cirugía no AUGE llega en promedio a 574 días. Según el análisis realizado dentro del sistema público, una persona, por ejemplo, podría esperar más de dos años por una operación de rodilla.

Según el documento, existen hoy 2.023.000 personas esperando para ver a un especialista que pueda determinar su diagnóstico y los tiempos con relación a 2020 aumentaron 38%, elevando la espera de 329 a 455 días.

Para el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, Alejandro Fernández, las políticas públicas deben ser empleadas de acuerdo con la realidad y considerando el tipo de Estado que se tiene y los presupuestos involucrados. “Siento que, en general, la propuesta constitucional tiende a poner demasiada fe en el Estado y le entrega muchas atribuciones en cosas que hoy ya hace deficitariamente”, aseguró.

WatchDog PAUTA es un proyecto de fact-checking conjunto entre la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y PAUTA. Busca tomar temas en la agenda y rastrear su veracidad desde una perspectiva positiva, no inquisitoria.

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